Qué implica la decisión del gobierno de Trump de dejar de supervisar a los cuerpos de policías de varios estados
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles que cerrará investigaciones federales contra varios departamentos de policía locales y que cancelará propuestas para imponer supervisión judicial, conocidas como decretos de consentimiento.
La medida afecta principalmente a las policías de Minneapolis, Minnesota, y Louisville, Kentucky. El gobierno también cerrará pesquisas similares en Phoenix, Memphis, Oklahoma City, Trenton, Mount Vernon y Luisiana.
Bajo la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Justicia promovió estos acuerdos judiciales para imponer reformas estructurales en departamentos acusados de discriminación racial y uso excesivo de la fuerza.
Pero ahora, la istración Trump los califica de “experimentos fallidos” que implicaban un “microcontrol” federal sin suficiente base legal ni fáctica.
El anuncio llega días antes del quinto aniversario del asesinato de George Floyd, ocurrido el 25 de mayo de 2020. La muerte de Floyd, asfixiado por un policía en Minneapolis mientras suplicaba que no podía respirar, fue grabada en video y provocó protestas globales contra la violencia policial. También dio pie a una investigación federal sobre el patrón de conducta del Departamento de Policía de Minneapolis.
¿Qué son los decretos de consentimiento y por qué se eliminan?
Los decretos de consentimiento ( consent decrees) son acuerdos legales entre el gobierno federal y una ciudad o estado, supervisados por un juez, que exigen reformas en instituciones señaladas por violaciones de derechos civiles. Se han utilizado desde los años 90 para intervenir en departamentos de policía con historiales de abuso.
En el caso de Minneapolis y Louisville, los acuerdos incluían cambios en el entrenamiento policial, sistemas de rendición de cuentas, contratación y evaluación de desempeño, además de la supervisión de un monitor independiente. Sin embargo, la istración Trump argumenta que las acusaciones originales carecen de base sólida y que los decretos eran excesivos y costosos.
“Hoy ponemos fin al fallido experimento de la División de Derechos Civiles de Biden de maniatar a líderes locales y departamentos de policía con decretos de consentimiento factualmente injustificados”, declaró Harmeet Dhillon, jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
Según el comunicado oficial, los decretos habrían costado “cientos de millones de dólares” y desplazado el control policial a “burócratas no electos con agendas anti-policía”.
¿Cómo afecta esta medida a los cuerpos de policías locales?
Aunque el gobierno federal se retira del proceso, varios alcaldes han prometido seguir con las reformas. En Minneapolis, el alcalde Jacob Frey aseguró a ABC News que la ciudad implementará todos los cambios propuestos, con o sin apoyo federal. “La rendición de cuentas no es opcional”, afirmó. La ciudad también está sujeta a un acuerdo separado con el estado de Minnesota que obliga a adoptar medidas contra el racismo sistémico en la policía.
En Louisville, las autoridades locales también expresaron su intención de seguir adelante con la modernización del departamento policial, independientemente del fallo federal. En esta ciudad, cuatro oficiales enfrentan cargos federales por su implicación en la muerte de Breonna Taylor, una técnica médica de 26 años que murió durante una redada mal ejecutada.
Defensores de los derechos civiles han señalado que, sin la presión judicial federal, las reformas podrían diluirse. Chuck Wexler, director del Police Executive Research Forum, dijo a The New York Times que aunque los decretos de consentimiento suelen ser costosos y complejos, muchas ciudades que requieren apoyo para modernizar sus políticas y capacitar a sus agentes no podrían acceder a esos recursos sin la intervención federal.
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