Trump los expulsó a El Salvador y los jueces de inmigración les quitaron el derecho de pelear sus casos de asilo en EEUU
El 17 de abril de 2025 un juez de inmigración emitió una orden de deportación en ausencia para el venezolano Pedro Escobar Blanco. Lo hizo porque no se presentó en la corte ese día. Pero para él era imposible hacerlo: es uno de los 238 inmigrantes que fue enviado en marzo por Estados Unidos a El Salvador, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
"Objeté la decisión", cuenta a Univision Noticias su abogada, Andreana Sarkis, del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef). "Traté de explicarle a la corte que cuando un inmigrante está en custodia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduandas), es responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional presentarlo. Así que su ausencia no fue por su culpa. Fue removido del país sin aviso, sin explicación y no se le dio la oportunidad de estar presente en su audiencia de corte".
En otros casos, Univision Noticias ha constatado que el DHS ha pedido a los jueces de inmigración el cierre de los procesos de asilo de estos venezolanos porque los inmigrantes no se encuentran en Estados Unidos. Según Sarkis, en el de Pedro Escobar "el juez lo hizo sin ninguna solicitud del Departamento (de Seguridad Nacional). Simplemente ordenó la remoción porque Pedro no estuvo presente" en la audiencia.
Cinco días antes de su expulsión al Cecot, Escobar introdujo peticiones de asilo, para frenar su deportación y de protección bajo la Convención contra la Tortura por miedo de ser perseguido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro.
Con la decisión del juez el 17 de abril, todas esas peticiones fueron desestimadas.
Cuando un inmigrante con un caso abierto está físicamente en Estados Unidos y no se presenta en su audiencia ante un juez de inmigración, se emite una orden de deportación en ausencia. El Departamento de Justicia explica en su página que no se puede apelar esta decisión; sólo se puede introducir una petición para reabrir el caso. Una deportación en ausencia conlleva un castigo de 10 años sin poder volver a Estados Unidos.
Pero en el caso de Pedro la situación es excepcional, está completamente fuera de su control. Él no estaba en Estados Unidos el 17 de abril ni podía volver libremente para asistir a su corte. La responsabilidad de presentarlo ante el juez —físicamente o por video— era del gobierno federal.
Con esos argumentos, su abogada pedirá ante la corte de inmigración la reapertura de su caso, aunque no tiene garantías del resultado: "Espero que sea aprobada. No quiero que nadie pierda su derecho al debido proceso, y eso es básicamente lo que ocurrió".
El traslado de estos venezolanos a El Salvador tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, abogados y jueces. Lo han definido como "ilegal", "inconstitucional", como "una violación al debido proceso". Sin evidencias —más allá de ciertos tatuajes— fueron señalados como del Tren de Aragua, una pandilla venezolana que ha expandido su actividad delictiva sobre todo en América Latina y a la que Trump designó el día uno de su gobierno como una organización terrorista internacional. Ninguno pudo defenderse de esas acusaciones. Para algunos, sus casos se van desvaneciendo en las cortes de inmigración y ellos van quedado olvidados en el sistema.
Tribunales han exigido al gobierno explicaciones sobre la apresurada expulsión de estos venezolanos, en desafío a una orden judicial para frenar el despegue de los aviones el mismo 15 de marzo. Pero el DHS se niega a explicar lo ocurrido, lo que ha llevado a un juez del distrito de DC a asegurar que existe "causa probable" para iniciar un procedimiento por desacato contra los funcionarios que ejecutaron el traslado.
Más de 10 casos de asilo cerrados
La organización sin fines de lucro Together and Free activó un número de WhatsApp el 16 de marzo para apoyar a los familiares de venezolanos expulsados a El Salvador. El lunes siguiente comenzaron a recibir llamadas de personas que creían que sus hermanos, hijos o esposos estaban en el Cecot: los habían visto en los videos publicados por el presidente Nayib Bukele en sus redes sociales.
Michelle Brané, con más de 25 años de experiencia en temas migratorios y de derechos humanos, es la directora ejecutiva de esta organización sin fines de lucro. Durante tres años estuvo al frente del grupo de trabajo para la reunificación de familias separadas, constituido por el DHS durante el gobierno de Joe Biden.
Brané cuenta en una entrevista que en esas llamadas por WhatsApp hablaron con familiares de más de 120 venezolanos que habían sido enviados al Cecot. "Más de la mitad tenía casos abiertos en cortes", explica. Ellos, dice Brané, fueron conectados con abogados de inmigración de distintas organizaciones —como ImmDef— para que les apoyaran en los procesos que quedaron pendientes.
En el seguimiento con los abogados de estos casos de asilo, Brané cuenta que hay al menos una docena —o más— que han sido cerrados por jueces de inmigración.
Univision Noticias consultó al DHS sobre el número de estos casos y sus detalles, pero no obtuvo respuesta.
El 24 de abril pasado reportamos la historia de Franco Caraballo Tapia, uno de los venezolanos expulsados a Cecot pese a tener una petición de asilo pendiente. Su cita en una corte había sido reagendada al menos cuatro veces por el juez después de que Caraballo fue enviado a El Salvador. El 23 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) introdujo una petición para cerrar el caso de Caraballo . Su abogado se opuso a la medida, pero el 2 de mayo el juez aceptó y cerró el proceso.
El abogado de Caraballo, Martin Rosenow, explicó a Univision Noticias que el juez justificó su decisión al asegurar que el venezolano no estaba físicamente en Estados Unidos y que él "no tiene jurisdicción para tomar en cuenta los argumentos constitucionales sobre el debido proceso". "Es muy frustrante, porque si finalmente Franco regresa, tendríamos que hacer una reapertura", dice.
En otros casos esta decisión está pendiente.
Uno de ellos es el de Andry Hernández Romero, un maquillador profesional que llegó a la frontera con una cita a través de la aplicación CBP One en mayo de 2024 y de inmediato, quedó detenido en un centro de ICE en el sur de California. Él también fue expulsado a El Salvador el 15 de marzo pese a tener una petición de asilo por haber sufrido persecución política en Venezuela. Unos 45 minutos antes de su última audiencia, en abril de 2025, el gobierno introdujo una petición para cerrar su proceso. Margaret Cargioli, su abogada por la organización ImmDef, contó a Univision Noticias que entregaron una moción con los argumentos por los que el proceso no debe ser cerrado.
Otro de los venezolanos en esta posición es Ysqueibel Peñaloza, de 25 años, señala Cargioli. El gobierno también pidió cerrar su caso de asilo el pasado 18 de abril. Sus abogados se opusieron. En un video publicado en la cuenta de Facebook de la organización ImmDef, la madre de Peñaloza, Ydalys Chirinos, pide al presidente Nayib Bukele la liberación de su hijo: "Él no ha cometido ningún crimen", reclama.
El juez podría decidir sobre estos casos en cualquier momento o en sus próximas audiencias: la de Hernández Romero está fijada para el 28 de mayo y la de Peñaloza, para el 30 de mayo. Ninguno de los dos tiene historia criminal en Estados Unidos ni en Venezuela.
Expulsado a El Salvador sin evidencias
Pedro Escobar no tiene idea del punto en el que está su caso. Lleva casi dos meses sin hablar con su familia en Venezuela —incluida su pareja y sus dos hijos— y ni siquiera conoce a la abogada que lo está defendiendo. Él, igual que 237 venezolanos más, siguen incomunicados en El Salvador desde hace casi dos meses.
Su abogada, Andreana Sarkis, asegura que el gobierno "nunca dio una razón" que explicara la expulsión de este venezolano. En su caso, no hubo una declaración en papel de algún funcionario que lo vinculara con la pandilla Tren de Aragua, con algún tipo de actividad criminal o terrorista. La abogada asume que los tatuajes de estrellas en sus hombros son la única razón por la que las autoridades pudieron haberlo trasladado sin su consentimiento al Cecot.
"Lo típico es que el DHS introduzca evidencia de historia criminal o filiación a pandillas, porque eso potencia sus argumentos de que la persona debe ser deportada. Nada de eso ha sido presentado por el departamento en este caso. Así que en este punto no veo evidencia", explica la abogada.
Lo que sí ve, es que Pedro "entró a Estados Unidos legalmente", después de esperar por meses en México para tener una cita con un funcionario de inmigración. "Hizo todo lo que se suponía que debía hacer: fue inspeccionado en la frontera, entró a Estados Unidos y luego, todo se desmoronó para él".
Para la abogada, "no hay nada que sustente la flagrante violación del debido proceso y la detención de esta persona. Eso es precisamente lo que me impacta en este caso".
