Una niña estadounidense de 2 años fue deportada por el gobierno de Trump a Honduras. Un juez cree que fue "sin un proceso justo"
Un juez federal de Louisiana cuestionó este viernes la deportación a Honduras de una niña estadounidense de dos años con su madre a Honduras al asegurar que la expulsión ocurrió "sin un proceso justo", según se lee en documentos de corte.
En su orden, el juez de la Corte Federal del Distrito Oeste de Louisiana, Terry A. Doughty, condenó que la niña (identificada en todos los documentos con la sigla V.M.L) hubiera sido deportada pese al pedido de su padre de que la dejaran en Estados Unidos bajo la supervisión de una persona con custodia temporal, se lee en la petición ante la corte.
Al asegurar que la deportación de la niña "es ilegal e inconstitucional", Doughty —un juez nominado por el presidente Donald Trump— fijó una audiencia para el 16 de mayo en la que indagará en el proceso que siguieron los agentes federales y que llevó a la deportación .
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Jenny Carolina López Villela, y a sus hijas V.M.L, de dos años, y Valeria, de 11 años, el 22 de abril a las 8:30 am mientras la madre se presentaba en un chequeo de rutina con su supervisor, se lee en la petición introducida ante esa corte por la persona con la custodia temporal de la familia, Trish Mack.
El padre las había llevado a la cita. Una hora después de que ingresaron, recibió una llamada de una persona de la oficina del supervisor. Allí le informaron que su familia había sido enviada a la oficina de campo de ICE en Nueva Orleans. "Los oficiales de ICE le dijeron que no podrían darle más información, pero que la madre de V.M.L lo llamaría pronto", dice el documento.
Cuentan que alrededor de las 7:30 pm de ese mismo día, el padre recibió una llamada de un agente de ICE que le permitió hablar por poco tiempo con su esposa y le dijo que las tres iban a ser deportadas. En la conversación con López Villela, el esposo le recordó que V.M.L era ciudadana estadounidense y que no podían expulsarla. En el testimonio narra que la conversación duró menos de un minuto y que escuchaba a las niñas llorar.
El agente de ICE, que escuchaba la conversación de la pareja, les dijo que V.M.L no podía ser deportada; pero que la niña de 11 años y la madre tenían órdenes de deportación. Mientras comenzaba a darle a su esposa el teléfono de un abogado, la llamada fue desconectada. El acta de nacimiento de V.M.L fue introducida en la corte: demuestra que nació en 2023 en Nueva Orleans.
Al día siguiente, cuando el abogado del padre llamó a la oficial de campo de ICE, esta comenzó a preguntarle por el estatus migratorio de él y su dirección. El abogado se negó a proveer esa información. La oficial entonces se negó a entregar a la bebé de dos años a la persona autorizada por la familia al asegurar que eso no iba a ser necesario porque V.M.L estaba con su madre.
"Le dijo que el padre podía intentar recogerla; pero que podía ser tomado en custodia igual que ellas (...) Indicó que estaba deteniendo a V.M.L —una ciudadana estadounidense de dos años— para inducir a su padre a entregarse a las autoridades migratorias", se lee en el documento de la corte.
En su orden del 25 de abril, el juez de distrito Terry Doughty asegura que intentó comunicarse por teléfono con la madre de la niña para verificar si en efecto ella quería que su hija fuera deportada junto a ella, como aseguraba el gobierno al mostrar una nota escrita presuntamente por la madre. Pero le respondieron que la llamada era imposible porque la familia ya había sido liberada en Honduras.
El caso muestra el alcance de la agresiva política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, cuyos voceros han asegurado en varias ocasiones que los niños estadounidenses de padres indocumentados también serían deportados con ellos.
Al hacer esas aseveraciones, ponen la responsabilidad en los padres por no tener estatus en el país y tener hijos en el país. Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses no pueden ser deportados.
