Miles de venezolanos se despertaron el lunes protegidos de la deportación y con permisos de trabajo vigentes bajo el Estatus de Protección Temporal que tienen desde 2023, pero se acostaron a dormir esa noche sin certeza sobre cuál es su estatus migratorio en el EEUU de Donald Trump. Ni siquiera los activistas y abogados pueden responder con seguridad a esa pregunta.
Los demandantes plantearon ante un de tres jueces en la Corte de Comercio Exterior de Nueva York que los gravámenes no fueron impuestos legalmente.
Entre los deportados a Sudán del Sur hay tres ciudadanos de países latinoamericanos, informó la Casa Blanca. El director interino de ICE dijo que como sus gobiernos se negaron a recibirlos en el pasado, ahora eran expulsados a terceros países para evitar que fueran liberados en las calles de EEUU. Sin embargo, esta decisión enfrentó nuevamente al gobierno de Trump con las cortes federales.
Una corte de Boston dijo que el gobierno de Trump violó una orden prohibiéndole la deportación de inmigrantes a terceros países, sin que se les diera la oportunidad de defenderse.
