La masiva expulsión de niños ucranianos a Rusia: el presunto crimen de guerra por el que piden el arresto de Vladimir Putin
La Corte Penal Internacional (I) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin y María Lvova-Belova, la funcionaria rusa quien presuntamente está a cargo de la supuesta reubicación por la fuerza de miles de niños ucranianos en Rusia.
Lvova-Belova, referida por los medios locales como “Madre Rusia”, ostenta desde 2021 el cargo de comisionada para los Derechos del Niño de la Federación Rusa, lo que la pone al frente del plan de reubicación que es presentado en Rusia como una misión humanitaria para salvar a los niños ucranianos de la guerra. Lvova-Belova ha sido sancionada por los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido
Los jueces de instrucción de la I explicaron que había “motivos razonables para creer que los sospechosos son responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y de traslado ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños de Ucrania" y que habían optado por revelar los nombres de los sospechosos, que usualmente se mantiene en secreto, en un esfuerzo por prevenir la continuidad del delito.
Ucrania se ha referido al esquema ruso como “ genocidio y crimen de guerra”.
En qué consiste la reubicación forzosa de niños ucranianos a Rusia y cuál ha sido su alcance
Un informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL por sus siglas en inglés) de la Escuela de Salud Pública de Yale alega que el gobierno de Rusia ha estado llevando a cabo un plan de reubicación de niños ucranianos a una red de centros de reeducación y adopción ubicados tanto en el área de Crimea ocupada por Rusia como en el propio territorio ruso.
El informe titulado “Programa sistemático de Rusia para la reeducación y la adopción de los niños de Ucrania”, explica que los niños han sido separados forzosa y sistemáticamente de sus familias desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022.
Hasta el momento de la publicación del informe, HRL ha identificado 43 instalaciones involucradas en la detención de niños ucranianos que en su mayoría son campamentos recreativos a los que aparentemente se lleva a los niños a vacacionar, mientras que otros albergan a niños para su posterior ubicación con familias en Rusia de manera temporal o en adopción permanente.
El informe indica también que la mayoría de los campamentos se han dedicado a la reeducación ideológica de niños a favor de Rusia y en algunos incluso se les ha sometido a entrenamiento militar y explora la vasta red de personas en el gobierno ruso responsables de facilitar el traslado de niños ucranianos a Rusia.
Más de 6,000 niños ucranianos bajo custodia de Rusia
HRL ha recopilado información sobre al menos 6,000 niños ucranianos separados de sus familias por Rusia. Se trata de menores de entre cuatro meses a 17 años de edad, que han estado recluidos en campamentos y otras instalaciones desde el inicio de la guerra, aunque estima que el número total de niños es significativamente mayor.
Las primeras llegadas a estas instalaciones comenzaron inmediatamente después del inicio de las invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, habiendo ocurrido las más recientes en enero de 2023.
Existen al menos 43 instalaciones
La red de centros de reclusión abarca al menos 43 instalaciones identificadas por HRL, 41 de las cuales son campamentos de verano que ya existían en Crimea y Rusia.
Doce de estos campamentos están ubicados alrededor de las costas del Mar Negro, siete de ellos están en el territorio ocupado de Crimea y 10 están alrededor de las ciudades de Moscú, Kazan y Ekaterimburgo. Once de los campamentos están ubicados a más de 500 millas de la frontera de Ucrania con Rusia, incluidos dos campamentos en Siberia y uno en el Lejano Oriente de Rusia.
HRL advierte que es probable que la cantidad exacta de instalaciones sea significativamente mayor que los 43 centros identificados en el informe y dice que también identificó dos instalaciones asociadas con la deportación de huérfanos ubicadas en un hospital psiquiátrico y un centro familiar.
El campamento más lejano identificado por HRL está ubicado en la provincia de Magadan, en el lejano oriente de Rusia, cerca del Océano Pacífico, aproximadamente a 3,900 millas de la frontera de Ucrania y Rusia, tres veces más cerca de Estados Unidos que de la frontera con Ucrania.
El objetivo principal de los campamentos parece ser la reeducación política
Al menos 32 de los campamentos identificados por el informe parecen estar involucrados en esfuerzos sistemáticos de reeducación que exponen a los niños de Ucrania a situaciones académicas, culturales, patrióticas y políticas centradas en Rusia, que en algunos casos incluye educación militar.
Según el informe, múltiples campamentos se anuncian como "programas de integración", con el objetivo aparente de integrar a los niños de Ucrania en la visión nacionalista del gobierno ruso de la cultura, la historia y la sociedad.
Los niños de dos de los campamentos han sido ubicados temporalmente con familias en Rusia
HRL identificó al menos dos campamentos que acogieron a niños supuestamente huérfanos que luego han sido ubicados con familias en Rusia de manera temporal. 20 de los niños de estos campamentos fueron colocados con familias en la provincia de Moscú y matriculados en escuelas locales.
Consentimiento bajo coacción
Algunos padres explicaron que se negaron a permitir que sus hijos fueran a los campamentos, pero fueron ignorados. Otros alegan la violación de condiciones específicas del consentimiento que dieron, como el plazo de estadía de sus hijos en los campamentos y los procedimientos para reunificación.
HRL explica que en muchos casos, la capacidad de los padres para dar un consentimiento significativo puede considerarse dudosa, ya que las condiciones de guerra y la amenaza implícita de las fuerzas de ocupación representan condiciones de coacción.
El consentimiento de los padres para que sus hijos asistan a los campamento incluía la firma de un poder que en algunos casos incluyen un apoderado anónimo.
Se han suspendido los retornos de niños de al menos cuatro campamentos
En dos campamentos, Artek y Medvezhonok, los padres han denunciado que el regreso de los niños fue suspendido indefinidamente. Los funcionarios prometieron originalmente que los niños que regresarían con sus familias al final del verano, pero luego rescindieron la fecha de regreso.
Medvezhonok es uno de los campamentos más grandes identificados por el informe, que en un momento dado llegó a albergar al menos a 300 niños ucranianos.
En los campamentos de Luchistyi y Orlyonok, cientos de niños ucranianos han estado o están retenidos más allá de la fecha prevista para su regreso. Los padres dicen que no han obtenido información sobre el estado o el paradero de sus hijos después de que se suspendió su regreso.
Todos los niveles del gobierno de Rusia están involucrados
HRL dice que esta operación está coordinada de forma centralizada por el gobierno federal de Rusia e involucra a todos sus niveles
HRL ha identificado varias docenas de figuras gubernamentales federales, regionales y locales involucradas directamente en operar y justificar políticamente el programa.
Las actividades de los funcionarios supuestamente implicados en la operación incluyen el transporte de niños, recaudación de fondos, la recolección de suministros, la gestión directa del campamento y la promoción del programa dentro de Rusia y las áreas ocupadas de Ucrania.
El informe señala que al menos 12 de estas personas no están en las listas de sanciones, ni internacionales ni estadounidenses, al momento de su publicación.
Posibles violaciones de la legislación internacional
El informe explica que la Cuarta Convención de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño, de las que Rusia es parte, proporcionan directrices legales para el tratamiento de los niños que han sido separados de sus familias en tiempos de guerra.
Según HRL, las violaciones del consentimiento inicial, el traslado forzoso de niños y la falta de devolución de los niños a sus padres constituyen posibles violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
