"100,000 camas diarias": Homan revela dato sobre plan de deportaciones masivas de Trump

Como si se tratara de una película de terror cuyo guion incluye cada poco una pista para dar con el paradero del culpable de un acto inhumano, así Tom Homan, el nominado para ocupar el cargo de zar de la frontera por el presidente electo Donald Trump, dio a conocer esta semana un nuevo dato sobre las advertidas deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.

Homan dijo a la cadena de noticias CNN que el plan de expulsión de extranjeros con antecedentes criminales y órdenes de deportación estaba “en marcha”, que la operación se hará a gran escala, pero que necesitará fondos del Congreso para conseguir los objetivos delineados por Trump durante la campaña.

El exdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el primer gobierno de Trump (nombramiento que nunca fue ratificado por el Senado), dijo a la periodista Kaitlan Collins que se necesitará un mínimo de “100,000 camas” para detener a inmigrantes.

La cantidad señalada por Homan equivale a más del doble de la actual capacidad de ICE, estimada entre 38,000 y 40,000 camas diarias. Pero de conseguir que el legislativo apruebe una solicitud de este tipo, requerirá que también aprueben presupuesto para operaciones de arresto, vigilancia en centros de detención y acelerar los procesos de deportación, todo ello en el marco del debido proceso migratorio aprobado por el Congreso.

“Si le dan los fondos, el nuevo gobierno no pude simplemente arrestar y deportar de inmediato, debe respetar el debido proceso”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “A partir del 20 de enero del 2025 vamos a ver y vivir una nueva era, compañías privadas construyendo centros de detención de inmigrantes, aumento de detenciones, redadas incluso en lugares sensibles (hospitales, iglesias, escuelas), pero en cada arresto se debe respetar el debido proceso, incluso si las personas dete4nidas son llevadas a campamentos donde se levanten carpas”.

Gálvez dijo además que “todo extranjero que sea detenido tiene derechos. Pueden pedir una fianza para seguir luchando por sus derechos de permanencia en libertad, o que un abogado lo represente. El problema será para las personas que tienen una orden de deportación emitida porque no van a tener tiempo para frenar sus deportaciones”, agregó.

“Pero incluso en estos casos, si tienen un abogado, puede someter una moción de emergencia para reabrir el caso junto con un proceso que se conoce como ‘stay of remnoval’ (recurso que se concede cuando se presentan mociones de reapertura o reconsideración. Se otorga cuando se apela una orden de deportación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración -BIA- y se extiende por el resto del proceso de apelación).

A la pregunta respecto a qué sucederá con las familias de aquellos inmigrantes que estén en la lista de prioridades del nuevo gobierno, pero que no tienen ni crímenes cometidos órdenes de deportación en ausencia, Gálvez dijo que “lamentablemente serán víctimas colaterales. Y no podrán ser deportados de inmediato, sino que deberán ser llevados y presentados ante un juez de inmigración donde podrán batallar por sus derechos de permanencia”.

En este caso, el presupuesto requerido por Homan necesitará recursos para mantener detenidas a estas personas y esperar que se lleve a cabo el proceso de deportación tal y como lo estipulan los reglamentos.

La frágil mayoría en el Congreso

En la entrevista con CNN, Homan también reconoció que el plan de deportaciones masivas de Trump “depende de la financiación que obtenga del Congreso”. Y agregó que aún no está seguro de cuánto financiamiento adicional buscará el nuevo gobierno tanto de la Cámara de Representantes como del Senado liderados por los republicanos.

Si bien ambas cámaras están en manos de los republicanos, no cuentan con mayoría absoluta para aprobar leyes y los republicanos se verán obligados a negociar con los demócratas en base a acuerdos bipartidistas. Y en el caso de que los fondos sean añadidos como enmienda a una eventual ley de presupuesto, deberán someterlo a revisión ante la oficina de la Parlamentarian, una experta en asuntos presupuestarios no partidista que tomará decisiones basado en leyes y reglamentos del Senado que no garantizan, por ahora, el éxito de los planes del nuevo gobierno.

En la Cámara de Representantes se necesitan 218 votos para aprobar leyes y los republicanos cuentan con 220 votos y los demócratas 215. En el senado la mayoría se alcanza con 60 votos y los republicanos cuentan con 53, mientras que demócratas e independientes suman 47.

Homan también reiteró que en el plan de deportaciones masivas Trump considera usar tropas de la Guardia Nacional, un proyecto que ha sido criticado por la oposición demócrata y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Pero previno que “ellos no van a salir a arrestar a la gente (a partir del 20 de enero), pero pueden ser un multiplicador de fuerza para hacer cosas que necesitamos hacer y que no requieren una placa y un arma”.

Entre esas labores de apoyo, en declaraciones anteriores Homan dijo que las tropas serían utilizadas para el traslado de extranjeros detenidos o en labores de vigilancia en centros de detención temporales que vayan a ser erigidos.

También, como en otras ocasiones, Homan dijo que el nuevo gobierno de Trump priorizará la deportación de criminales, pandilleros y fugitivos. Y en cuanto a la cantidad de expulsados en los siguientes cuatro años, dijo que “no tengo una cifra. Queremos arrestar a la mayor cantidad posible de personas que se encuentran en el país ilegalmente”. Y agregó: “Si estás aquí ilegalmente, no estás fuera de la mesa. Es una violación de la ley; es un delito entrar a este país ilegalmente”.

De dónde saldrá el dinero

Homan no ha explicado, hasta ahora, cuánto dinero necesitará para lanzar el plan de deportaciones masivas ordenado por Trump. A mediados de diciembre en una entrevista con la cadena Fox, el nuevo zar fronterizo dijo que no será hasta el 20 de enero del próximo año cuando conozca los fondos que heredará del gobierno de Biden, así como el número de agentes y la infraestructura.

Pero el Proyecto 2025, documento elaborado por más de 170 líderes conservadores y exfuncionarios del primer gobierno de Donald Trump, entre ellos Homan, explica cómo deberá hacer el nuevo gobierno para pedirle al Congreso los fondos necesarios y de dónde obtenerlos.

Por ejemplo, recomienda que el Congreso “debe detener los fondos otorgados a organizaciones no gubernamentales (ONG’s) para procesar y transportar a extranjeros ilegales hacia y a través de los Estados Unidos”. Y que dichos fondos e infraestructura, incluidos los centros de procesamiento conjunto del DHS, “deben redireccionarse para asegurar la frontera, detener a los extranjeros y proporcionar espacio para los procedimientos judiciales de inmigración” en el marco del programa de deportaciones masivas.

Otra fuente de recursos señalado proviene de la prohibición del uso de fondos para viajes al interior de Estados Unidos y vuelos o transporte gubernamentales para extranjeros, así como revisar los fondos destinados a las operaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para que sean utilizados en acciones que respaldan “la misión más amplia de seguridad nacional”.

En cuanto a los actuales recursos que heredará Biden a la nueva istración Trump, el Proyecto 2025 indica que “los costos anuales asociados con el establecimiento y mantenimiento de instalaciones temporales para abordar el flujo de migración ilegal y la atención, el transporte y el procesamiento asociados son prohibitivos, y el presupuesto de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) es inadecuado”. Y que la CBP “se ve obligada a renunciar a esfuerzos esenciales para la misión crítica para financiar los costos asociados adicionales”.

El escaso presupuesto, advierte, “reduce la disposición operativa de la CBP y su capacidad para cumplir sus diversas y críticas misiones de proteger al pueblo estadounidense”, una limitación que el próximo presidente debería reparar “solicitando un presupuesto realista que pague por completo estos costos”.

Estos fondos, precisa, deberían permitir la contratación de personal de apoyo adicional para la agencia y fortalecer las tareas istrativas asociadas con el procesamiento de extranjeros, así como mejoras de las instalaciones en los puertos de entrada terrestres estratégicos, incluida la expansión de la tecnología de vanguardia.

Cabe señalar que entre octubre de 2023 y febrero de de 2024 Biden respaldó un esfuerzo bipartidista en el Senado para incluir en el debate sobre el presupuest9 de gastos $14,000 millones para contratar 2,400 nuevos agentes de inmigración fronterizos, 4,300 nuevos agentes de asilo del servicio de inmigración y crear 100 nuevos tribunales de inmigración, todo ello como parte de los esfuerzos para mejorar la capacidad de respuesta del gobierno federal y controlar la crisis migratoria. Pero el plan fue boicoteado por el entonces candidato Trump para justificar su discurso de campaña basado en criticar la política migratoria de puertas abiertas de Biden.

Las exigencias del Proyecto 2025

Las recomendaciones del Proyecto 2025, además, coindicen con los nuevos datos entregados por Homan esta semana. En el capìtulo destinado al presupuesto de financiación de las redadas masivas del nuevo gobierno, menciona:

· El Congreso debería ordenar y financiar espacio adicional para camas para detenidos extranjeros. Se debería financiar al ICE para un aumento significativo del espacio de detención, aumentando el número diario de camas disponibles a 100.000. (triplicar capacidad actual)
· El Congreso debería financiar al ICE para al menos 20,000 oficiales de ERO (unidad de deportaciones de la agencia) y 5,000 abogados de la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA). (La Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA) es el programa legal más grande del DHS, con más de 1,300 abogados y casi 300 del personal de apoyo con diversos antecedentes y perspectivas).

En otras recomendaciones, el Proyecto 2025 también incluye las siguientes propuestas legislativas:

· Autoridad del Título 42 en el Título 8. Crear una autoridad similar a la autoridad de Salud Pública del Título 42 que se utilizó durante la pandemia de COVID-19.
· Asignación obligatoria para la infraestructura del sistema de muro fronterizo. Financiar la construcción de sistemas adicionales de conformidad con el Plan de Mejora de la Seguridad Fronteriza (BSIP).
· Asignación para la infraestructura del puerto de entrada. Mejorar la seguridad y la tecnología.
· Derogar la Sección 235 de la Ley William Wilberforce de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 (TVPRA) para quitar beneficios a los menores no acompañados y puedan ser devueltos todos a sus países de origen.
· Eliminar el Acuerdo de Flores de 1997.
· Garantizar que la Deportación Expedita se utilice en la mayor medida posible y se siga al pie de la letra de la ley.
· Todo el personal con capacidad para hacer cumplir la ley debería ser removido inmediatamente de sus puestos de oficina y enviado a puestos de campo para maximizar la capacidad de hacer cumplir la ley en el marco de las deportaciones masivas.