Juez da luz verde a demanda de una mujer hispana de Texas acusada de asesinato por un aborto
Un juez federal dictaminó el miércoles que Lizelle González, la mujer de Texas que fue encarcelada y acusada de asesinato por haberse autogestionado un aborto en 2022, puede seguir adelante con su demanda contra el sheriff y los ficales locales de su caso, que provocó indignación nacional, antes de que se le retirasen rápidamente los cargos.
El juez federal de distrito, Drew B. Tipton, denegó una moción de los fiscales y el sheriff para desestimar la demanda durante una audiencia en la ciudad fronteriza de McAllen. González, quien pasó dos noches en prisión por cargos de asesinato y busca una indemnización de un millón de dólares con su demanda, no asistió a la audiencia del miércoles.
Texas tiene una de las leyes antiaborto más restrictivas del país, que prohíbe el procedimiento con muy limitadas excepciones. Sin embargo, según la ley de ese estado, las mujeres que buscan un aborto están exentas de cargos penales.
El fiscal de distrito del condado Starr, Gocha Ramírez, y otros acusados, han argumentado que sus posiciones les otorgan inmunidad frente a demandas civiles.
Rick Navarro, abogado de la defensa, argumentó durante la audiencia que se trataba “en el peor de los casos, de un caso de negligencia”. Ramírez había dicho anteriormente a la agencia AP que “cometió un error” al presentar cargos.
Tipton preguntó a los abogados de González si podían demostrar que los fiscales conocían la excepción. "Lo que pretendemos mostrar es que la negligencia no explica esta supervisión. Es el papel y la función de los fiscales estar conscientes de los elementos de los estatutos que están acusando", dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas, quien representa a González.
El sonado caso de Lizelle González y su demanda contra funcionarios de Texas
González fue acusada formalmente en 2022, después de tomar el medicamento misoprostol cuando tenía 19 semanas de embarazo. Fue tratada en un hospital de Texas, donde los médicos luego realizaron una cesárea para dar a luz a un niño muerto después de que no detectaron latidos del corazón fetal.
Su demanda, presentada en marzo, también nombró al condado que istra el pequeño hospital donde fue tratada González, alegando que el personal del hospital violó los derechos de privacidad de los pacientes al informar sobre el aborto. Una denuncia enmendada alegaba que la oficina del sheriff entrevistó a González y la arrestó más tarde bajo instrucciones de los fiscales.
Los cargos fueron retirados pocos días después del arresto de la mujer. En febrero, Ramírez acordó pagar una multa de $1,250 según un acuerdo alcanzado con el Colegio de Abogados del Estado de Texas. Ramírez también aceptó que su licencia se mantuviera en suspensión condicional durante 12 meses.
La decisión del miércoles permitirá que el caso avance en la corte.
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