Demócratas exigen a Trump regresar a Ábrego García a EEUU y desistir de su amenaza de deportar ciudadanos a El Salvador
Un grupo de 26 senadores demócratas envió este miércoles una carta al presidente Donald Trump para exigirle que regrese a Estados Unidos al inmigrante salvadoreño Kilmer Ábrego García, deportado por un "error istrativo" a El Salvador el 15 de marzo.
“Le instamos a que cumpla la ley y acate todas las órdenes judiciales aplicables, y a que facilite de inmediato el regreso a Estados Unidos de Ábrego, a quien su istración deportó ilegalmente a El Salvador en contravención directa de una orden judicial que prohíbe específicamente dicha deportación”, agrega la misiva.
Los senadores aseguraron en la carta a Trump que facilitar el regreso de Ábrego a EEUU “está indudablemente a su alcance, ya que su istración está pagando al gobierno de El Salvador para detenerlo”.
En 2019, un juez le concedió a este salvadoreño estatus de protección para no ser deportado a El Salvador debido a que su vida corría peligro en su país. A pesar de eso, fue expulsado por un “error istrativo”, según reconoció ante un tribunal uno de los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) que posteriormente fue puesto en licencia istrativa.
Tras sentencias emitidas por tribunales de distrito y una Corte de Apelaciones, un fallo de la Corte Suprema emitido el 10 de abril determinó que el gobierno debe “facilitar” el retorno de Ábrego y permitirle desafiar su caso en el marco del debido proceso.
El grupo escribió que “nuestras leyes tampoco permiten enviar a personas de territorio estadounidense a El Salvador sin el debido proceso”, un punto que la Corte Suprema ha reiterado en este caso.
Ábrego, de 29 años, fue detenido el 12 de marzo a una milla de su casa en Maryland, en el estacionamiento de una tienda Ikea, mientras su hijo autista de 5 años se encontraba en el automóvil.
Liderados por Richard Durbin (Illinois), el legislador de mayor rango del Comité Judicial del Senado, la carta fue firmada por casi una treintena de senadores demócratas. Incluyen a Chris Van Hollen (Maryland), quien viajó recientemente a El Salvador y se reunió con Ábrego García; Mazie Hirono (Hawái), Chris Coons (Delaware), Alex Padilla (California), Richard Blumenthal (Connecticut), Angela Alsobrooks (Maryland), Jeff Merkley (Oregon), Adam Schiff (California), Peter Welch (Vermont), Tammy Duckworth (Illinois), Tim Kaine (Virginia), Amy Klobuchar (Minnesota), Cory Booker (Nueva Jersey), Bernie Sanders (Vermont), Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Lisa Blunt Rochester (Delaware), Raphael Warnock (Georgia), John Hickenlooper (Colorado), Ron Wyden (Oregon), Elizabeth Warren (Massachusetts), Tammy Baldwin (Wisconsin), Ed Markey (Massachusetts), Tina Smith (Minnesota), Patty Murray (Washington) y Martin Heinrich. (Nuevo México).
“No puede deportar a estadounidenses”
Los senadores instaron además a Trump “a que desista de inmediato de la peligrosa y ofensiva afirmación de que podría transferir a ciudadanos estadounidenses encarcelados a El Salvador”, donde serían colocados en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), una polémica cárcel construida por el presidente Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas.
La carta refiere que, “con respecto a su impactante afirmación sobre el traslado de estadounidenses a El Salvador, usted no puede deportar a estadounidenses a un país extranjero por ningún motivo”.
Explican los senadores que “los padres fundadores declararon su independencia basándose en las reiteradas injurias y usurpaciones del entonces rey de Gran Bretaña, incluyendo el traslado de ciudadanos estadounidenses a ultramar para ser juzgados por supuestos delitos y la privación, en muchos casos, de los beneficios del juicio por jurado”.
En consecuencia, agregan, el Congreso no ha aprobado ninguna disposición legal que permita el exilio de ciudadanos estadounidenses a un país extranjero por ningún motivo. “Un jurista conservador calificó sus amenazas de deportar a ciudadanos estadounidenses de ‘evidentemente ilegales e inconstitucionales’", precisaron.
Continúa la presión judicial
Tras el fallo de la Corte Suprema ordenando al gobierno que facilite el regreso de Ábrego, tribunales inferiores siguen presionando al gobierno de Trump para que cumpla el mandato judicial, al tiempo que buscan determinar si el Ejecutivo desobedeció una orden emitida el 15 de marzo que impedía la deportación de inmigrantes a El Salvador.
La semana pasada, la jueza federal Paula Xinis, de la Corte de Distrito de Maryland, ordenó a los funcionarios del gobierno que entregaran pruebas de sus esfuerzos para lograr el regreso de Ábrego a Estados Unidos.
El martes, Xinis dijo que el gobierno de Trump está “ignorando” órdenes judiciales, obstruyendo el proceso jurídico y actuando de "mala fe" al negarse a proporcionar información sobre los pasos que ha tomado —si es que ha tomado alguno— para liberar a Ábrego.
“Durante semanas, los demandados han buscado refugio detrás de afirmaciones vagas e infundadas de privilegio, usándolas como un escudo para obstruir el descubrimiento de prueba y evadir el cumplimiento de las órdenes de este tribunal”, escribió.
Obligado a cumplir
La carta de los senadores también señala que “el Poder Ejecutivo debe cumplir con el derecho nacional e internacional de larga data que prohíbe a Estados Unidos transferir a cualquier persona de nuestra jurisdicción o control efectivo a un lugar donde enfrentaría ciertas violaciones graves de derechos humanos”, en referencia al cuestionado y temido Cecot.
“Las acciones de su istración al enviar a personas a una prisión salvadoreña, conocida por sus condiciones inhumanas, subrayan la urgencia y la aplicabilidad de estos requisitos”, precisan. Y puntualizan que “los principios fundamentales de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda protegen a las personas de ser privadas de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”.
La razón por la cual en 2019 un juez de inmigración otorgó protección a García para evitar que sea deportado a El Salvador, fue el miedo creíble que el inmigrante demostró ante el tribunal de que su vida se encontraba amenazada por de la pandilla salvadoreña Barrio 18. Siendo menor de edad, Ábrego García huyó de San Salvador debido a amenazas de muerte que recibió su familia.
Los senadores indican en la carta que “a lo largo de la historia de nuestra nación, la Corte Suprema ha interpretado durante mucho tiempo la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda como que exige que el gobierno brinde a las personas ciertas protecciones procesales del debido proceso, incluyendo la notificación y la oportunidad de ser escuchados antes de cualquier privación de libertad”.
“Incluso bajo autoridades extraordinarias en tiempos de guerra, como la Ley de Enemigos Extranjeros, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sostenido que los no ciudadanos deberían, como mínimo, tener la oportunidad de demostrar si la ley les es aplicable”, recordaron.
