Las prácticas sucias y los engaños por los que demandan a la universidad cristiana más grande de Estados Unidos
La Comisión Federal de Comercio (FTC) presentó el miércoles una demanda contra la universidad privada Grand Canyon University (GCU), con sede en Arizona, Grand Canyon Education, Inc. (GCE) y Brian Mueller, quien encabeza a ambas entidades, por engañar a futuros estudiantes sobre el costo y los requisitos de los programas de doctorado que ofrece.
En la demanda presentada ante el Tribunal Federal de Distrito de Arizona, la FTC también señaló a los acusados por llevar a cabo prácticas de telemercadeo engañosas y abusivas, a pesar de que GCU es una organización sin fines de lucro.
La FTC dice que los acusados promovieron costos engañosos para los cursos de doctorado ofrecidos por la institución
La FTC señaló en un comunicado de prensa el miércoles que la demanda acusa a las entidades de “haber dicho a futuros estudiantes que el costo total de los programas de doctorado “acelerados” de GCU era igual al costo de 20 cursos (o 60 créditos), cuando en realidad, la escuela exige que casi todos los estudiantes de doctorado tomen “cursos de continuación” adicionales que añaden miles de dólares en costos”.
Por su parte, el Departamento de Educación dijo en octubre que menos del 2% de los graduados del programa de doctorado de GCU completaron su programa bajo el costo promovido por la institución.
El 31 de octubre, el Departamento de Educación multó a GCU por $37.7 millones, después de que una investigación realizada por la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes encontró que la universidad "mintió" a más de 7,500 estudiantes antiguos y actuales durante años sobre el costo de sus programas de doctorado.
Establecida como Grand Canyon College en 1949 en Prescott, Arizona por la Convención Bautista del Sur, la GCU terminó su afiliación con esa denominación en 2000. Aun así, es considerada como la universidad cristiana más grande del país por su número de alumnos matriculados, que para septiembre había superado los 100,000 estudiantes.
Prácticas de telemercadeo presuntamente engañosas, abusivas e ilegales
La demanda de la FTC también dice que, a pesar de operar la escuela para beneficio de GCE y sus inversionistas, los demandados promocionaron engañosamente la escuela como una organización sin fines de lucro.
GCE, que es una empresa con fines de lucro, es el proveedor exclusivo de servicios de marketing para GCU, según la demanda.
La FTC alega que GCU ha sido operada para beneficio de GCE y sus accionistas, y paga el 60% de sus ingresos a GCE conforme a un acuerdo que designa a GCE como proveedor exclusivo de la mayoría de los servicios relacionados con la universidad.
La FTC dijo que “aunque se desempeña como presidente de GCU, Mueller también se beneficia como director ejecutivo y accionista de GCE, y recibe bonificaciones vinculadas al desempeño de GCE”.
"Grand Canyon engañó a los estudiantes presentándose como una institución sin fines de lucro y tergiversando los costos y la cantidad de cursos necesarios para obtener títulos de doctorado", dijo Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.
"Continuaremos persiguiendo agresivamente a aquellos que buscan aprovecharse de los estudiantes", agregó Levine.
Según la denuncia de la FTC, los acusados “también utilizaron llamadas abusivas de telemercadeo para intentar aumentar la inscripción en GCU”
Según el órgano regulador, GCE hizo publicidad en sitios web y redes sociales instando a los futuros estudiantes a enviar su información de o en formularios digitales y luego vendedores telefónicos de GCE utilizaron la información para ar ilegalmente a personas que habían solicitado específicamente no ser llamadas, incluyendo personas en el Registro Nacional de No Llamar.
GCE también ha realizado llamadas ilegales a números telefónicos que adquirió de compañías generadoras de prospectos, segpun la FTC.
La FTC dijo que las afirmaciones engañosas y las llamadas abusivas de telemercadeo de los demandados violaron la Ley de la FTC y la Regla de Ventas de Telemercadeo y solicitó al tribunal que proporcione reparación a los consumidores y prohíba a la institución cometer más violaciones de la ley