Gobierno de Trump usa prisiones federales para detener a indocumentados arrestados en redadas
El gobierno del presidente Donald Trump está utilizando cárceles federales para encerrar a algunas personas arrestadas en su ofensiva contra la inmigración, confirmó o el viernes la Oficina Federal de Prisiones, volviendo a una estrategia que generó denuncias de maltrato durante su primer mandato.
En una declaración a The Associated Press, la agencia penitenciaria dijo que está ayudando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos “alojando a detenidos y que seguirá apoyando a nuestros socios en la aplicación de la ley para cumplir con los objetivos de política del gobierno”.
La Oficina de Prisiones se negó a decir cuántos inmigrantes está recibiendo o qué instalaciones penitenciarias se están utilizando.
“Por razones de privacidad, seguridad y protección, no comentamos sobre el estatus legal de un individuo ni especificamos el estatus legal de los individuos asignados a ninguna instalación en particular, incluyendo números y ubicaciones”, dijo la agencia.
Tres personas familiarizadas con el asunto dijeron a la AP que las cárceles federales en Los Ángeles y Miami y una prisión federal en Atlanta se están utilizando para la detención de inmigrantes. Las personas no estaban autorizadas a hablar públicamente y lo hicieron bajo condición de anonimato.
La llegada de inmigrantes detenidos podría generar aún más presión sobre las prisiones federales, que han estado plagadas de una grave falta de personal, violencia y otros problemas.
La Oficina de Prisiones es la mayor agencia del Departamento de Justicia, con más de 30,000 empleados, 122 instalaciones, 155,000 reclusos y un presupuesto anual de unos $8,000 millones. En diciembre, la agencia dijo que estaba cerrando una prisión y dejando inactivos seis campos de prisioneros para abordar "retos significativos, incluida una escasez crítica de personal, una infraestructura en ruinas y recursos presupuestarios limitados".
Las deportaciones masivas de Trump
Trump ha prometido deportar a muchos de los aproximadamente 11.7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin documentos.
ICE actualmente tiene el presupuesto para detener a solo unas 41,000 personas y el gobierno no ha dicho cuántas camas de detención necesita para lograr sus objetivos.
Muchos detenidos son llevados a centros de procesamiento del ICE, centros de detención operados por privados o prisiones locales y cárceles con las que existen contratos.
La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem dijo el jueves que un segundo vuelo de detenidos aterrizó en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
Los grupos de derechos de los inmigrantes enviaron una carta el viernes exigiendo a las personas que han sido enviadas a Guantánamo, diciendo que la base no debe usarse como un "agujero negro legal".
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que más de 8,000 personas han sido arrestadas en acciones de aplicación de la ley de inmigración desde la investidura de Trump el 20 de enero.
De ellos, 461 fueron liberados por razones que incluían condiciones médicas y falta de capacidad de detención, dijo.
El ICE promedió 787 arrestos por día del 23 al 31 de enero, en comparación con un promedio diario de 311 durante un período de 12 meses que terminó el 30 de septiembre durante la istración Biden.
ICE ha dejado de publicar los totales diarios de arrestos.
Denuncia de tratos inhumanos de indocumentados en cárceles federales
En 2018, durante el primer mandato de Trump, la Oficina de Prisiones llegó a un acuerdo con el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para detener a hasta 1,600 inmigrantes en instalaciones penitenciarias federales en Arizona, California, Oregon, Washington y Texas.
Seis inmigrantes detenidos bajo ese acuerdo en una prisión federal de seguridad media en Victorville, California, demandaron a Trump, al entonces fiscal general Jeff Sessions y a funcionarios de inmigración y prisiones, alegando un trato “punitivo e inhumano”.
Los hombres, que buscaban asilo en Estados Unidos, acusaron a la Oficina de Prisiones de proporcionar alimentos incomestibles y leche en mal estado, infligir su capacidad de practicar su fe religiosa, permitirles solo unas pocas horas a la semana de recreación bajo el sol y no brindarles atención médica adecuada.
En octubre pasado, la Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) demandó a la Oficina de Prisiones y a las autoridades de inmigración en virtud de la Ley de Libertad de Información por los registros relacionados con el uso de prisiones federales para detener a inmigrantes durante el primer mandato de Trump.
Se ha programado una conferencia sobre ese caso para el 28 de febrero.
Investigaciones de prensa han expuesto graves problemas en la Oficina de Prisiones, incluida la mala conducta desenfrenada, el abuso sexual por parte del personal, docenas de fugas, violencia crónica y empleados mal equipados para responder a emergencias debido a las limitaciones de personal.
La semana pasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció poner a los detenidos por inmigración estadounidense y otros prisioneros estadounidenses en la enorme prisión CECOT de su país, incluso a los ciudadanos estadounidenses y residentes legales. En una publicación en X, Bukele dijo que estaba ofreciendo a Estados Unidos "la oportunidad de subcontratar parte de su sistema penitenciario" a cambio de una tarifa "relativamente baja".
Trump dice que estaba abierto a la idea, pero reconoció que podría ser legalmente problemática.
"Solo digo que si tuviéramos el derecho legal de hacerlo, lo haría en un santiamén", dijo Trump a los periodistas el martes en la Oficina Oval. “No sé si lo haremos o no, lo estamos analizando ahora mismo”.
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