La ONU pide a México reparar los daños a Lydia Cacho, torturada hace 13 años tras publicar un libro sobre una red de pornografía infantil
Más de una década después de que la periodista mexicana Lydia Cacho fuera sometida a un secuestro, a torturas y a un proceso judicial tras la publicación de un libro, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) emitió una resolución que determina que, al ser detenida en 2005, se violaron sus derechos humanos y que fue discriminada por razón de género.
El comité determinó que la detención de Cacho tras la publicación de Los demonios del edén, un libro que reveló una red de pornografía y explotación infantil supuestamente protegida por políticos y empresarios en los estados de Quintana Roo y Puebla, "no fue una medida necesaria ni proporcional, sino una medida de carácter punitivo, y en consecuencia, arbitraria".
Además, señala que el Estado no cumplió con sus obligaciones "para investigar y sancionar a los culpables en un plazo razonable" y lo obliga a resarcir los daños de la periodista.
"Convertirse en una sobreviviente de tortura implica seguir dando la batalla porque sabes que muchas y muchos de tus amigos no lo lograron", afirmó Cacho en una rueda de prensa este jueves tras conocer la resolución de la ONU. "Después de 13 años, tengo una sensación: por un lado, es un mérito de esta sociedad, por otro sentamos un precedente (... ) Es un día para celebrar que cuando persistimos como sociedad civil organizada siempre va a haber alguien quien cree en nosotros y en el periodismo independiente".
Por su parte, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, destacó el valor de Cacho por denunciar a sus agresores y mantener la lucha durante 13 años. "Es un momento histórico. Es el primer dictamen de este organismo en contra de México", afirmó.
Según Jarab, el comité estipula que el Estado tiene 180 días para responder a sus solicitudes. "Va a tocar responder a la istración actual, pero muchas de las tareas van a pasar a las autoridades siguientes como libertad de expresíon, derogar los tipos penales que no deben existir en el siglo XXI como difamación", apuntó. "Estoy convencido de que esta decisión tendrá repercusión más allá que el caso de Lydia Cacho".
Víctima de tortura física, psicológica, tocamientos e insinuaciones
El infierno de Lydia Cacho comenzó cuando salió a la luz su investigación. Según el editor Ariel Rosales, de Penguin Random House, cuando se acercaba el día de la publicación de Los demonios del edén, la editorial empezó a recibir presiones del entonces secretario de seguridad pública Miguel Ángel Yunes, también señalado en el libro, para frenar el lanzamiento. Pero no aceptaron sus presiones.
Según el recuento de Cacho, el 16 de diciembre de 2005, nueve meses después de la publicación del libro, fue arrestada ilegalmente en Quintana Roo por diez personas entre las que se encontraban cinco empleados del empresario Kamel Nacif, señalado en su libro, y agentes de la policía judicial de Quintana Roo, para trasladarla al estado de Puebla, donde fue detenida.
"El trayecto a Puebla duró aproximadamente 20 horas. A Lydia no se le permitió ingerir alimentos, no se le suministró el medicamento para tratar bronquitis diagnosticada, se le autorizó ir al baño una sola ocasión y realizar una breve llamada a su pareja, no se le permitió dormir", dice un comunicado de Artículo 19, la organización de defensa de periodistas que la representa. "Fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte y violencia verbal y física, durante el trayecto y durante su detención en la Procuraduría General de Justicia de Puebla".
Tras su liberación, la periodista denunció los hechos pero solo uno de los policías involucrados fue sentenciado por tortura y otro se encuentra prófugo. Sin embargo, artículo 19 alegaba que las demás violaciones a derechos humanos y sus perpetradores materiales e intelectuales permanecían impunes.
Ahora, la resolución de la ONU pide a México que se lleve a cabo una investigación imparcial y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Cacho, procesar a los responsables, ofrecer una compensación adecuada a la escritora y adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones de este tipo en el futuro mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todos los estados para evitar que los poderes lo usen en contra de los periodistas.
"Hoy es un día en el que el mundo reconoce que las agresiones cometidas en contra de la periodista Lydia Cacho fueron ciertas y que requieren una reparación integral y una justicia efectiva", afirmó la directora de Artículo 19, Ana Ruela. "Cuántas verdades nos ha negado el estado por perseguir a periodistas. Lydia nos contó la historia de una red de pornografía infantil y el estado, en lugar de perseguir a los perpetradores de esta red, fue en contra de su verdad. Desgraciadamente en México vivimos en un contexto en que decir la verdad es sujeto a juicio y persecución", lamentó.
"Sobrevivientes de una tragedia nacional"
Por su parte, Cacho aseguró que, tras conocer la resolución de la ONU, se acordó de los colegas periodistas que no corrieron tanta suerte como ella y han sido asesinados o están desaparecidos.
"Esta mañana pensé cuando le pedí a Regina (Martínez) que saliera de Veracruz porque estaba amenazada de muerte. Tenemos que aprender de las lecciones del pasado", dijo Lydia Cacho. Martínez era corresponsal de la revista Proceso en Veracruz y fue asesinada en 2012.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. El Comité para la Protección de los Periodistas (J) ha criticado la falta de voluntad política para acabar con la impunidad que permite a grupo criminales, funcionarios corruptos y cárteles de la droga silenciar a sus críticos.
Por eso, Cacho dice que una de las razones por las que siguió adelante con su demanda es por otros compañeros que están en situaciones vulnerables por hacer su trabajo. "No debería tocarnos a los periodistas convertirnos en héroes de la historia. Nos está tocando ser sobrevivientes de una tragedia nacional en la que el Estado ha tratado de silenciarnos por documentar la historia de México", lamentó.
Ahora la periodista está optimista con la resolución de la ONU que debería para que su caso no quede impune.
